La ley que permite a los pensionistas retirar el 95,5% de los fondos de las AFP fue promulgada por el Ejecutivo hace unos días. El especialista hace un análisis del impacto de esta decisión.
Por Tania Elías. 26 abril, 2016.
La ley que permite a los pensionistas retirar el 95,5% de los fondos de las AFP fue promulgada por el Ejecutivo esta semana. Hay muchos riesgos a los que se enfrentará el país con esta decisión. Lo más preocupante es el aumento de la brecha social: algunos pocos tendrán una pensión muy sustanciosa y otros recibirán muy poco. Esto es algo que no solo afecta a los pensionistas sino también al Perú
El docente de Derecho Administrativo y experto en Regulación Económica, Guillermo Chang Chuyes, de la Universidad de Piura, cree que la finalidad ha sido buena, pero no las formas. Si se quiere hacer algo por asegurar el futuro de los peruanos pasados los 65 años, lo que debemos hacer es cuidar los riesgos que sufre esta población. Mientras muchos adultos celebran contar con el fondo, hay mucho que pensar.
¿Qué calificación le da a la voluntad de liberar el 95,5% de los aportes de la AFP para los afiliados al sistema privado de pensiones?
La finalidad es buena pero el medio no lo es tanto. Mucha gente a los 65 años se ve forzada a trabajar para completar su pensión. Los jubilados que provienen de los sectores de manufactura, han ahorrado muy poco en sus cuentas individuales de capitalización. Si necesita un complemento, lo lógico es que busque un dinero como capital para seguir trabajando. Es bueno que ese dinero sirva para emprender un negocio, pero no se puede dejar a los ancianos desprotegidos.
Frente a esta propuesta, ¿qué hubiera sido lo mejor?
Lo mejor hubiera sido que este dinero sirva como garantía para créditos bancarios hasta un determinado tope. Esto permite al jubilado trabajar pero teniendo un respaldo. Así, el banco solo podría cobrar un porcentaje de ese dinero. Es bueno que uno de los supuestos de liberalización sea para la cuota inicial de un crédito hipotecario. Pero hay que señalar que las tasas de interés de una persona de 65 años son más altas que la de una persona joven, con lo cual el crédito es más oneroso. Si pasa alguna desgracia, igual le quitan le quitan la casa y se queda sin pensión.
¿Ha habido un apresuramiento?
No se ha reflexionado sobre el tema. En general el sistema de AFP no está muy pensado para nuestra realidad. Uno entiende que puede haber cuentas individuales de capitalización en sistemas donde la sociedad es más horizontal, sin tanta diferencia entre la clase alta y baja porque puede haber una pensión estándar. En países como el nuestro, donde algunas cuentas de capitalización son muy altas y otras muy bajas, no tiene sentido.
¿Cómo debió plantearse?
Lo lógico hubiera sido un sistema más tendiente a lo social que a lo individual, para que todos tengan una pensión básica y que el que quiera tenga una pensión adicional ahorrando. Eso permitiría ayudar a cerrar la brecha. Me parece un poco contradictorio que se luche con políticas públicas para cerrar la brecha, pero luego, cuando se llegue a los 65 años, ésta se vuelva a abrir más. Hoy una persona trabaja 40 años de su vida, trata de tener un mejor estilo de vida, pero puede ser que le toque una pensión mínima.
¿Cuál es el riesgo de esta medida, entonces?
Se ha pensado mucho en el corto plazo y no en el largo plazo. Los problemas a los 65 años son más complicados: es difícil que una persona sobre 65 años se inserte en el mercado laboral formal, la tasa de riesgo de accidentes y enfermedades es más alta, entre otros. En algunos casos, pasar de tener un sueldo mínimo vital a una pensión de cien nuevos soles es un problema muy fuerte: existe una gran probabilidad de que se caiga en la pobreza. Sobre 65 años aumentan los gastos de salud y la necesidad de calidad de alimentación, pero no hay dinero para gastarlo. Esos son los bienes esenciales de la gente de las personas de la tercera edad.
A nivel del país, ¿cuál será el impacto y el riesgo?
El Estado terminaría asumiendo la carga las personas que liberen su pensión. Esto genera carga fiscal porque tampoco es que el Estado tenga mucho dinero. El riesgo a futuro es que tengamos ancianos pobres, si pierde todo lo que tiene. Esa gente no tendría respaldo financiero para poder soportar cualquier desgracia que les pueda ocurrir.
Muchos creen que debió darse una asesoría en el tema de manejo de dinero…
En realidad esta propuesta atenta contra la propia lógica del sistema de jubilación: un mínimo vital para poder sobrevivir en los años de vejez. Si ya no hay ese mínimo vital, ¿de qué va a vivir esa persona? Habrá gente que utilice bien el dinero pero habrá quienes no. Esto generará un problema más grande: recargará todo en el Estado porque los problemas de salud caerán en EsSalud (o en el SIS) y luego tendrá que apoyarse a la gente con programas sociales. En el fondo, es el Estado el que está asumiendo todo el problema.
